La Ley sobre la Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios promulgada el 23 de noviembre de 1855 por Benito Juárez, buscaba restringir el poder de los tribunales eclesiásticos y militares a intervenir solo en sus asuntos internos y no en las decisiones del estado.